February 10, 2010

¿Podrá soportar España 4.000.000 de bajas de clientes de banda ancha?

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El problema de los 3 avisos previos a cortar los servicios de Internet

Madrid, 10 de febrero del 2008 – Cerca de cuatro millones de ciudadanos no pueden acceder a la banda ancha en España en función de su sitio de residencia; a este indicador negativo para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, se le podrían sumar bajas masivas de clientes del Adsl más lento y caro de Europa.

Las entidades representativas de la comunidad internauta, los profesionales y los consumidores informáticos en España estiman en cuatro millones la cifra de clientes de banda ancha -Adsl y cable-modem- que podrían darse de baja, si finalmente se confirma el acuerdo que RedTel las sociedades de gestión de los derechos de autor, abanderadas por la Sgae, para que en España se dén tres avisos antes de que la operadora de telecomunicaciones proveedora de los servicios de Internet desconecte o ralentice la conexión a Internet por usar redes P2P. A la disminución de ingresos se sumarían las posibles indemnizaciones que podrían derivarse por incumplimiento de contrato de las operadoras y las sanciones aplicables en base a los artículos 8 (“Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario”) y 11 (“Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación”) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

Mientras las operadoras de telecomunicaciones tratan de sortear la crisis, las sociedades de gestión de los derechos de autor, intentan conseguir prebendas para las empresas productoras de contenidos tratando de convencer a todo el mundo de que el intercambio de archivos entre particulares por Internet es un acto delictivo y que supone fuertes pérdidas al sector de entretenimiento.

Sin embargo tanto la fiscalía como las sentencias dictadas establecen que el intercambio de archivos con copyright restrictivo por redes P2P no es un delito y no es punible de ninguna forma cuando se trata de archivos públicos o bajo licencias copyleft (la mayoría de los casos) Las propias entidades de gestión de derechos de autor han reconocido en el “Informe de la industria de contenidos en España”, publicado por ASIMELEC, que no hay una bajada de ingresos en el sector y que solo la música tiene un retroceso en la venta a través del canal tradicional (aunque no se informa del aumento de ingresos por, entre otros, actuaciones en directo, descargas y publicidad)

Lo cierto es que las negociaciones que se están llevando a cabo bajo el auspicio del Ministerio de Cultura, pueden suponer que algunas de las empresas más solventes y con mayor capacidad tecnológica de España empiecen a perder clientes a marchas forzadas. Lo que repercutirá en su cuenta de resultados y en su capacidad de mantener el empleo.

Pero lo más grave es que un acuerdo de esta naturaleza atenta contra la libre competencia, frena en seco el acceso a la Sociedad de la Información en España menoscabando los derechos civiles de los ciudadanos y alejando aún más el derecho constitucional de acceso a la cultura y al conocimiento.

Información de contexto

Las grandes empresas de telecomunicaciones establecidas en España, a través de su asociación REDTEL, dan signos de estar dispuestas a, después de haber conseguido su actual masa de clientes de banda ancha gracias en gran parte a la compartición de contenidos por Internet, restringir el acceso de los ciudadanos a dichas redes de compartición (P2P). Todo ello en base a un pre-acuerdo al que dicen haber llegado con las principales entidades de gestión de copyright (contenidos no libres) y con un Ministerio de Cultura de Cesar Antonio Molina más interesado en proteger el negocio de las multinacionales editoras y distribuidoras del entretenimiento, que de preservar el derecho constitucional de los ciudadanos a acceder a la cultura. Por su parte, el Ministerio de Industria no da señales de vida ante esta nueva agresión contra la neutralidad en la red Internet.

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